El primero de mayo de 2017 el Presidente de la República, debido a la situación de violencia generalizada en el país, decide convocar a una Asamblea Nacional Constituyente con miras a reformar nuestra Carta Magna. El 30 de julio fuimos a votación nacional y elegimos 545 constituyentistas que ocuparon la antigua sala de senadores en el hemiciclo nacional, sede del Poder Legislativo, y se abocaron, antes de reformar la Constitución de la República, a publicar en Gaceta Oficial los Actos Constituyentes, Acuerdos Constituyentes y una figura nueva para nuestra legislación: Leyes Constituyentes. El otro país en América que tiene dicha figura legal es la República de Chile, osea que ni tan novedoso el asunto.
Lo que sí que es novedoso es la nueva Ley Constitucional sobre la Creación de la Unidad Tributaria Sancionatoria, publicada en la Gaceta Oficial N° 41.305 del jueves 21 de diciembre de 2017, que establece un valor diferente (por supuesto mayor, claro está) a la Unidad Tributaria que bien conocemos desde 1994, y que ahora pasa a llamarse Unidad Tributaria Ordinaria. Dicha Unidad Tributaria Sancionatoria, como su metanombre indica, será la utilizada para multiplicar a las multas y sanciones anteriormente expresadas en Unidades Tributarias Ordinarias.
